Carbono incorporado en la construcción: ¿tiene Chile un marco normativo para abordarlo?

A medida que la matriz energética tiende a incorporar fuentes más limpias y los edificios mejoran su eficiencia, un nuevo elemento ha ganado relevancia en el debate climático y regulatorio: el carbono incorporado (o embodied carbon). Hoy, este concepto es reconocido por diversos organismos internacionales como uno de los principales desafíos normativos de la industria, impulsando a constructoras, desarrolladores inmobiliarios e ingenieros a evaluar nuevas formas de diseñar y construir.

Frente a este escenario, cabe preguntarse cómo se está preparando el mercado chileno para abordar esta variable.

El carbono incorporado agrupa las emisiones de gases de efecto invernadero generadas durante la producción de los materiales de construcción. A diferencia del carbono operacional, que se genera gradualmente a lo largo de las décadas de uso del edificio, el carbono incorporado se concentra principalmente en las etapas previas a la habitabilidad del proyecto.

Técnicamente, se mide a través de un Análisis de Ciclo de Vida (ACV, o LCA por sus siglas en inglés) y abarca:

La principal particularidad del carbono incorporado es que, una vez fabricados e instalados los materiales —al verter el hormigón o montar las estructuras de acero, por ejemplo—, esas emisiones ya han sido liberadas a la atmósfera. Por eso, su gestión depende fundamentalmente de las decisiones tomadas en las etapas tempranas de diseño, cálculo y planificación constructiva.

Chile muestra avances importantes en materia de sostenibilidad en la construcción, especialmente mediante instrumentos orientados al desempeño térmico y energético, como la Reglamentación Térmica (Artículo 4.1.10 de la OGUC) y la Calificación Energética de Viviendas (CEV) del MINVU y el Ministerio de Energía, que han contribuido a instalar criterios técnicos en el diseño y operación de las edificaciones.

Estos instrumentos se han enfocado mayoritariamente en la etapa de uso, y existe una razón técnica precisa detrás de esa decisión. En el estudio "Diagnóstico ambiental y Hoja de Ruta de sostenibilidad para la Política Habitacional de Chile" analizamos el ciclo de vida completo a 60 años y se establece que la etapa de uso puede concentrar más del 90% de las emisiones totales, con la calefacción explicando más de la mitad de ese impacto.

Esta proporción responde, en parte, a una diferencia de escala que vale la pena entender. El carbono incorporado en la producción y construcción de una vivienda (etapas A1-A5 del ACV) se emite de forma concentrada en un período de meses; el carbono operacional, en cambio, se acumula por goteo durante décadas. Si bien construir una vivienda con sus materiales puede equivaler a aproximadamente 4,4 años de uso de esa misma vivienda en términos de emisiones, el parque construido en Chile supera las 6,5 millones de unidades, mientras que la obra nueva anual se sitúa entre 65.000 y 100.000 viviendas, es decir, alrededor del 1% del total. 

Visto así, el volumen acumulado de emisiones del parque existente supera con creces el impacto de la construcción nueva en cualquier año dado, lo que explica por qué las políticas públicas han priorizado la reducción del consumo energético en calefacción y agua caliente sanitaria a través de la CEV y programas de subsidio.

Al mismo tiempo, el impacto inicial de construir una vivienda no es menor. Como referencia, una vivienda puede concentrar en sus etapas iniciales A1-A5 del ACV del orden de 39 MWh y 13 ton de CO₂e, equivalente aproximadamente a 4,4 años de uso de esa misma vivienda. La diferencia está en la escala temporal y del parque construido: mientras las emisiones de producto y construcción ocurren una vez por proyecto, el parque existente emite año a año y supera ampliamente en volumen a la obra nueva anual.

Por ello, el desafío en el marco regulatorio no consiste en reemplazar una agenda por otra, sino en complementar el enfoque operacional con métricas progresivas de ciclo de vida.

A nivel macro, la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455) establece la meta de alcanzar la neutralidad de carbono hacia el año 2050, requiriendo planes sectoriales de mitigación. En esta línea, documentos como la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable y la Hoja de Ruta de Edificación de Cero Emisiones han comenzado a visibilizar el concepto de carbono incorporado dentro de la planificación institucional.

No obstante, existe actualmente un espacio de desarrollo normativo relevante: Chile aún no cuenta con una regulación obligatoria y específica que establezca límites al carbono incorporado, ni que exija la reportabilidad de emisiones de ciclo de vida completo para la obtención de permisos. Hasta el momento, su medición suele depender de iniciativas voluntarias o del cumplimiento de certificaciones como CES (Certificación Edificio Sustentable) o CVS.

La integración de evaluaciones de ciclo de vida completo en la normativa de construcción es una tendencia creciente en varios mercados, en concordancia con los lineamientos del World Green Building Council (WorldGBC) y la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Para responder a estos requerimientos, la industria internacional utiliza cada vez más las Declaraciones Ambientales de Producto (EPD o DAP), que permiten certificar y transparentar la huella de carbono específica de los materiales.

Aunque el mercado local aún no cuenta con un mandato normativo en esta materia, el sector de la construcción chileno podría comenzar a percibir la influencia de esta tendencia a través de otros frentes estratégicos:

En este escenario, el avance no debería entenderse únicamente como una nueva exigencia regulatoria, sino como una oportunidad de mejorar decisiones de diseño, comparar soluciones con criterios técnicos y preparar a la industria para estándares que probablemente sean más frecuentes en los próximos años.

Anticiparse a estos escenarios permite a las empresas gestionar mejor los riesgos regulatorios futuros. Al respecto, Francesca Reyes Martens, coordinadora de Proyectos de E3 Ingeniería, señala:

En suma, la medición del carbono incorporado se posiciona como una de las próximas variables de análisis en la industria de la construcción. Si bien en Chile el tema se aborda actualmente desde la promoción y la voluntad corporativa, las directrices de las finanzas ESG, los objetivos climáticos nacionales y la experiencia regulatoria internacional sugieren que la evaluación del ciclo de vida irá ganando protagonismo en los próximos años.

El escenario actual ofrece un margen valioso para la adaptación. Las inmobiliarias, constructoras y oficinas de ingeniería que comiencen a familiarizarse con la trazabilidad de los materiales y la optimización de sus diseños estarán mejor posicionadas para responder a las futuras exigencias del mercado y de sus inversionistas, fortaleciendo así su competitividad en el largo plazo.